Jun 18

Políticas públicas en educación ciudadana en Colombia y América Latina – Parte 2

Escrito por Oku 18 Junio, 2017

Parte 2

Se hizo un recorrido histórico de los referentes en torno a la formación política en Colombia desde el Siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.  Este marco referencial permite analizar cómo la educación ciudadana se ha transformado a lo largo de la historia. De igual manera, permite ver las fuerza sociales, culturales y políticas que influenciaron o impactaron su desarrollo y su esencia. Para contextualizar aún más este recorrido, se continuará con la Carta Constitucional de 1991, los lineamientos internacionales recientes sobre políticas públicas en educación ciudadana y el giro pragmático en las políticas sobre la formación ciudadana.

La Carta Constitucional de 1991 fue el inicio de un nuevo momento histórico en el que se consagraron los principios de un Estado social de derecho y los postulados del neoliberalismo que se evidencian en una reducción del Estado y particularmente lo vinculado a lo social. Este documento buscó iniciar un proyecto político que diera fin al consagrado en la Constitución del 86. Es a partir de este documento y de la Ley General de Educación de 1994, que el objetivo de consolidar una cultura política democrática se transforma en uno de los ejes de las políticas públicas que tiene como fin la legitimización política y cohesión social. Consecuentemente, se comenzaron a impulsar los programas de formación ciudadana. Sin embargo, esta iniciativa se vio afectada por “la agudización de los conflictos políticos, económicos y sociales motivados por los reacomodamientos internacionales, la deslegitimización institucional, el crecimiento de corrupción y del narcotráfico, pero también por los distintos actores armados que disputan el control estatal” (Herrera, 2008, pg. 66).

La ciudadanía y los escenarios de su formación y aprendizaje están vinculados al desarrollo y la consolidación de la democracia y a los derechos humanos, teniendo en cuenta que este último es el referente ético de las sociedades democráticas. Este hecho ha generado confrontaciones entre las diferentes corrientes de opinión y sus correspondientes proyectos políticos. Consecuentemente, esto ha influenciado las políticas públicas y las discusiones en torno a las mismas. Así mismo, este fenómeno ha permitido un incremento en la participación de ciertos organismos internacionales regulatorios que han incidido contundentemente en el desarrollo y control de esta temática.

La Unesco, entidad rectora en educación de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración y Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia en el año 1995. Con este documento, la intención fue introducir en los currículos escolares “la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, poniendo en acción un enfoque transdisciplinar denominado “Hacia una Cultura de Paz” (Herrera, 2008, pg. 68). Esta medida se utilizó para garantizar la universalización de este tipo de educación como parte integral de los sistemas educativos.

Para un mejor entendimiento del giro pragmático en las políticas sobre la formación ciudadana, es necesario una evaluación cuidadosa de la dinámica del fenómeno recientemente (décadas del 90 y del 2000). En este periodo se evidenció una recontextualización de las iniciativas de la educación, la cultura política y la ciudadanía hacia políticas pragmáticas que tenían una visión de la educación en términos de calidad. De igual manera, se concibe la calidad en términos de evaluación y de lógicas de eficiencia económica. A partir de esta perspectiva, el protagonismo lo tuvieron nociones como cultura de la evaluación y las competencias ciudadanas desde un enfoque que permitió la construcción de estándares e indicadores de medición de la calidad, por lo que se admitió la evaluación por medio de pruebas masivas desde criterios homogenizantes.

Con base en lo anterior, los organismos internacionales instauraron políticas educativas que introdujeron el concepto de competencia. Esta concepción va de la mano con las exigencias de flexibilización del mercado laboral al igual que con la idea de la educación, entendida como un servicio por el cual hay que pagar. De esta manera, se evidencia una colonización del campo de la educación por parte del vocabulario económico, lo que permite el surgimiento de conceptos como competencias ciudadanas.  La Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos en 1992 definió el concepto de competencia como: “un conjunto de destrezas que deben ser adquiridas tempranamente en el sistema educacional para hacer frente a las exigencias del trabajo”. Bajo estas condiciones, se visualiza el sistema educativo como el responsable de desarrollar capacidades en los individuos que les permitan hacer frente a los desafíos de la competitividad.

En la Quinta Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado que se llevó a cabo en 1995, se estableció que la calidad de la educación y el desarrollo de competencias eran factores determinantes en la problemática educativa. Así mismo, se enfatizó en que la mejora de la calidad educativa era un objetivo de alta prioridad ya que se está afrontando una crisis caracterizada por el deterioro de la calidad de la educación. Paralelamente, se hace un fuerte énfasis en que las transformaciones socioeconómicas, científicas, tecnológicas y culturales que caracterizan el mundo de la última década tengan un alto impacto en el desarrollo de las competencias necesarias, preparando de esta manera a los individuos para desenvolverse efectivamente en una profesión, su vida cotidiana y en la sociedad.

De esta manera, se puede evidenciar la unión de “intereses relacionados con la competitividad económica y los beneficios que en torno a ella posibilita la formación ciudadana”. Así, en el año 2004 la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación, que tuvo lugar en Costa Rica, señaló la manera como durante las últimas dos décadas, los países de Iberoamérica han emprendido una serie de reformas –así como experiencias innovadoras exitosas– en sus sistemas educativos que pretendieron, simultáneamente, mejorar la competitividad de sus economías a través del aumento en la calidad de sus recursos humanos y fortalecer sus democracias a través de la formación cívica de sus ciudadanos” (Herrera, 2008, pg. 70).

Es evidente que, aunque en Colombia y América Latina se ha hecho un gran esfuerzo por suplir la necesidad de forjar ciudadanos competentes en todas las esferas de su desarrollo, se ha encontrado gran dificultad en cuanto a su formación como ciudadano. Existen hasta la fecha constantes debates alrededor de cuál es la mejor filosofía para educar a nuestros ciudadanos y mientras se sigue en la lucha de ponernos de acuerdo en cuál es el mejor camino, hemos descuidado su formación y ahora nos encontramos con muchos ciudadanos a los que les hemos fallado.

 

Herrera, Martha Cecilia. (2008). Políticas públicas en educación ciudadana en Colombia y América Latina: La arena de lucha del campo intelectual en la historia reciente. Historia de la educación – anuario, 9 Recuperado en 22 de agosto de 2017, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-92772008000100004&lng=es&tlng=es.

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